El juicio oral a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, se reanudó hoy en los tribunales de Retiro.

El testimonio de Fernando Sánchez
El Tribunal Oral Federal 2 comenzó a escuchar al ex diputado nacional por la Coalición Cívica Fernando Sánchez, uno de los denunciantes de la causa y convocado por el fiscal de juicio Diego Luciani y la querella de la Oficina Anticorrupción.

"Lo único que uno quiere es que los recursos públicos terminen en la obra pública, criticábamos el uso de la delegación de facultades, observamos certificaciones de obra por obras no realizadas y la operatoria se fue ratificando por doce años", sostuvo Sánchez, coautor de la primera denuncia presentada en 2008.

El ahora ex diputado sostuvo que era su deber denunciar y que tuvieron dos preinformes antes de concurrir a los tribunales.

Además, refirió que se hizo una primera denuncia y luego se amplió: "Incluimos a la ex presidenta en la denuncia posterior porque los primeros cuatro años no tuvo responsabilidad. Cuando asume ratifica a De Vido, López, Fatala y vuelve a pedir la misma asignación presupuestaria arbitraria e inexplicable para Santa Cruz", dijo.

El testigo agregó que, luego de esa denuncia, se siguió observando "un trato preferencial a la obra pública en Santa Cruz".

Sobre el empresario Lázaro Báez, a quien -según la acusación- se benefició con el 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz en el kirchnerismo, dijo no conocerlo, ni a él ni a sus hijos.

Sánchez consignó saber que era el titular de las empresas cuestionadas, entre ellas Austral Construcciones y Gotti.

"Claramente sostuvimos el vínculo que tenía sobre todo con Néstor Kirchner", que era "un vínculo formal más allá del vínculo de amistad", agregó al referirse a la existencia de un supuesto contrato de fideicomiso para "construir un edificio".

"Vinculamos directamente el crecimiento patrimonial de Báez a la asunción de Néstor Kirchner en el 2003", indicó, además, en su declaración testimonial ante el Tribunal.

Qué se investiga
En este juicio, se debate el presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas del grupo Báez y el supuesto pago de sobreprecios.

El Tribunal juzga a la ex presidenta, a De Vido, al también ex funcionario José López y a Báez, entre otros.

El debate se reanudó luego de la feria judicial de enero ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Gabriela López Iñiguez.

Las querellas están representadas por la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

Esta última presentó un cambio de abogados que será evaluado por el Tribunal.