La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que conduce Julio Piumato ratificó hoy el paro general nacional de mañana, con movilización hacia el Palacio de Tribunales a partir de las 10, en demanda de "una jubilación judicial igualitaria" y en rechazo del proyecto oficial para la actividad, luego de presentar un proyecto propio.

La semana anterior, Piumato presentó a través del diputado nacional José Ramón un proyecto de ley de reforma de la norma 24.018 que, según explicó hoy el sindicato, "es superador de la iniciativa oficial, ya que contempla a todos los trabajadores" del sector.

La protesta de mañana había sido decidida la semana anterior por el Confederal del gremio, que sesionó en Buenos Aires con la participación de centenares de delegados judiciales de todo el país porque "la voz de la organización gremial no es escuchada".

El dirigente reclama "una jubilación igualitaria" para todos los judiciales y reafirmó hoy su "convicción" de que "la solidaridad de la actual etapa en modo alguno puede justificar el cercenamiento de derechos y, mucho menos, de una forma elitista, regresiva y carente de perspectiva de género, ya que excluye a las categorías que en su mayoría desarrollan las mujeres, como lo hace el proyecto presentado por el oficialismo", dijo.

"El corazón del proyecto propio es la igualdad y sustentabilidad del sistema a través de la inclusión de todos los agentes del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos al régimen de la Ley 24.018, multiplicando de manera exponencial el ingreso de aportantes adicionales para contribuir al financiamiento de las jubilaciones", señaló.

Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, explicó que los judiciales son más del 80 por ciento del personal que cumple funciones en el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos (unos 22.200 agentes de los 30.150 que prestan servicios en dependencias nacionales y federales), y aseveró que esos trabajadores son "la columna vertebral del sistema por sus labores y su responsabilidad".

Para Piumato, la sustentabilidad del sistema requiere del aumento de la base de aportantes y de la adecuación de la edad jubilatoria de 60 a 65 años, y el porcentual del aporte del 11 o 12 por ciento según sean empleados, funcionarios o magistrados al 15 por ciento para todas las categorías, puntualizó el sindicalista en el documento.

"Más del 50 por ciento de quienes ingresan al Poder Judicial lo hacen dentro de la franja etaria que oscila entre los 18 y 25 años. Realizan toda la carrera en la justicia y tienen mayor cantidad de aportes –promedio de 40 años- al momento de solicitar el beneficio jubilatorio, excediendo incluso los años de haberes exigidos por la ley", añadió Piumato.

El dirigente señaló que sería "un acto de estricta justicia" incluir a los judiciales en la Ley 24.018 porque "los derechos son derechos y no privilegios y, por eso, se defienden".

Por último, Piumato aseveró que "otra reforma jubilatoria es posible en el país y en la justicia si el objetivo es democratizar, ampliar derechos y ofrecer mayor sustentabilidad al sistema y respetar las políticas de género", y reclamó ampliar "los derechos sociales".